Impuesto a cruceros confronta a empresarios turísticos con Gobierno de Sheinbaum

El Congreso de México avanza en la aprobación de un impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que arriben a los puertos del país, lo que ha desatado un intenso debate entre la industria turística, representantes empresariales y el Gobierno.

Mientras la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) advierte que México perdería competitividad frente a otros destinos.

A su vez, las cámaras mexicanas de comercio y turismo subrayan que el impuesto podría tener efectos mixtos en las economías locales, en tanto que la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el ajuste y ha instruido un acercamiento con la industria que ha levantado la voz.

En una entrevista con EFE, la directora de la FCCA, Michele Paige, alertó de que la medida, que entraría en vigor el 1 de enero, desincentivaría las visitas a México, que se volvería un destino poco competitivo frente a otros.

Según cálculos de la asociación, una familia de cuatro personas enfrentaría un cargo adicional de 200 dólares (aproximadamente cuatro mil pesos).

Paige defendió que la industria de cruceros genera un impacto directo de mil millones de dólares anuales y crea más de 20 mil empleos, mientras que los pasajeros en tránsito gastan en promedio 90 dólares por persona en las comunidades que visitan y sus miembros de la tripulación aportan 60 dólares adicionales.

Explicó que este cargo hará del turismo de cruceros en México un 213% más caro, al advertir de que la mayoría de los cruceros de 2025 ya están reservados y pagados.

En sintonía con las preocupaciones de la FCCA, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtió de que el impuesto perjudicaría la economía de las localidades que dependen del turismo marítimo.

El organismo empresarial subrayó en un posicionamiento que las líneas de cruceros son un motor para el desarrollo económico en destinos clave como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Los Cabos, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90% de los visitantes.

La Concanaco también compartió preocupación sobre la competitividad de México, pero matizó que con una correcta implementación y uso de los recursos, el impuesto representaría una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria y atraer más turismo de calidad.

Asimismo, previó que, de implementarse, surgirían conflictos legales y logísticos, pérdida de empleos y cancelación de inversiones en infraestructura portuaria.

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) también advirtió de que México perderá hasta 10 millones de pasajeros y más de tres mil 300 escalas de buques, mientras los puertos mexicanos serían hasta tres veces más caros que los del Caribe.

En este sentido, la Amanac pidió al Gobierno mexicano detener esta iniciativa en el Senado y mantener su exención, pues esta actividad también genera beneficios en salarios por casi 200 millones de dólares.

Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Cozumel, uno de los puertos más significativos para el turismo del mundo, señaló a este impuesto como una “importante preocupación”.

La líder empresarial propuso hacer el cobro de forma progresiva y aplazarlo hasta 2026, así como que la medida sea proporcional al tiempo que el turista permanezca en el país.

“Tiene que haber una proporcionalidad en el cobro que se hace de acuerdo a las horas que estos turistas permanecen en el país, porque si tú te internas por carretera al país por menos de siete días no lo pagas, entonces ahí la diferencia es el medio de transporte que utilizas y no hace absolutamente ningún sentido“, argumentó.

Además, dijo que lo que más interesa a puertos como Cozumel, que solo viven de la actividad turística, es que parte del gravamen se retorne a los municipios para infraestructura.

La presidenta Sheinbaum defendió que no es un nuevo impuesto, sino un ajuste a un cobro ya existente.

En una conferencia de prensa, explicó que el tema se discutió con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo, y aseguró que ha solicitado establecer un diálogo con las empresas navieras para abordar sus preocupaciones.