«Vemos una tendencia bastante generalizada en la región a restringir espacios de participación cívica. Muchos problemas en protestas sociales, en hostigamiento a periodistas», lamenta la vicepresidenta de la CIDH. «Vemos una tendencia bastante generalizada en la región a restringir espacios de participación cívica. Muchos problemas en protestas sociales, en hostigamiento a periodistas», lamenta la vicepresidenta de la CIDH.
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, advierte de que “las políticas regresivas que se están llevando a cabo en Estados Unidos afectan a la mayoría de países de la región”.
Pochak, diplomática argentina, designada comisionada para el período entre enero de 2024 y diciembre de 2027, señala en una entrevista con EFE que se están viviendo importantes retrocesos en materia democrática en toda la zona.
Así se desprende también del informe anual de la CIDH, que ha hecho público este jueves y que recoge sus conclusiones después de analizar los avances y los desafíos a los que se enfrenta cada país.
“Vemos una tendencia bastante generalizada en la región a restringir espacios de participación cívica. Muchos problemas en protestas sociales, en hostigamiento a periodistas…”, lamenta la vicepresidenta.
Además, tanto el informe como la comisionada destacaron el “debilitamiento de la independencia del poder judicial” como uno de los principales retos.
“Se observaron una serie de acciones promovidas por grupos de poder desde dentro y fuera del Estado que tendrían como fin debilitar la independencia judicial y, en consecuencia, el Estado democrático de derecho”, recoge el documento.
Además, la comisión observa que los colectivos que tradicionalmente han sufrido más discriminación – como las mujeres, las personas LGTBI o los pueblos indígenas – están sufriendo un recrudecimiento de los ataques.
“Parece que está permitida la discriminación, que últimamente los discursos xenófobos y discriminatorios son naturales y están permitidos los ataques a grandes valores que la sociedad ha logrado a lo largo de los años. Parece que está incluso en cuestionamiento dentro de la Comisión”, denuncia.
La ‘lista negra’ de la CIDH
Uno de los capítulos del informe está dedicado al desarrollo de los derechos humanos en todos los países de la región y, en uno de sus subapartados, se incluye una especie de ‘lista negra’ donde la CIDH sitúa a los países en los que detecta más violaciones.
El nuevo informe mantiene a Cuba, Nicaragua y Venezuela en este apartado, porque, según dijo Pochak, no existe “articulación alguna con los gobiernos y no permiten el ingreso de la CIDH en sus territorios”.
Pero, a diferencia del año pasado, este no incluye a Guatemala.
Como explica la vicepresidenta, esto no se debe a que la situación en el país haya mejorado lo suficiente, sino que el nuevo Gobierno guatemalteco invitó a los representantes de la comisión a hacer una visita en el país para trabajar conjuntamente en estas mejoras.
Por eso, el nuevo informe deja en una especie de reposo su inclusión o no en esta lista mientras prepara un documento con las conclusiones del viaje.
“Todos los países están en peligro y en todos se producen violaciones de los derechos humanos”, asegura Pochak.
De hecho, la CIDH está alarmada con la situación que se vive en algunas naciones de la región, aunque no formen parte de esta clasificación.
Es el caso de Perú, donde, según la vicepresidenta, se están viviendo “fuertes retrocesos en materia de justicia, de memoria histórica y verdad”, o el de El Salvador y la alargada declaración del estado de excepción.
Señala que han insistido a las autoridades salvadoreñas para que les permitan visitar las cárceles para “revisar las condiciones de detención” pero que no ha sido posible.
Sin embargo, la vicepresidenta felicita a países como Guatemala, Brasil o Colombia y a “aquellos que son capaces de reconocer su déficit en materia de derechos humanos” por el trabajo conjunto.
Comunicado íntegro de la CIDH:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el Informe Anual 2024, que reúne los avances y desafíos en derechos humanos en la región y detalla el impacto del trabajo de la CIDH a través de sus distintos mecanismos y funcionamiento operativo.
“El Informe Anual de la CIDH presenta un panorama integral sobre la situación de los derechos humanos en la región, elaborado con el más alto rigor técnico. Su importancia radica en que su contenido ofrece una radiografía detallada del contexto hemisférico, lo que permite identificar tendencias, al tiempo que cumple una función clave en el fortalecimiento de la transparencia institucional”, señala el presidente de la CIDH, José Luis Caballero.
A lo largo de 6 capítulos, el Informe Anual 2024 presenta los principales logros de la CIDH, información clave sobre su funcionamiento, así como resultados de su observación. El Capítulo I resalta las acciones institucionales desarrolladas en el marco del Plan Estratégico 2023-2027. Destaca la celebración de 3 Períodos de Sesiones con 98 audiencias públicas; cooperación técnica con Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, sociedad civil, academia, y organismos internacionales y regionales; así como el relacionamiento con órganos políticos de la OEA, y otros organismos regionales y universales.
Además, la CIDH continuó fortaleciendo sus estrategias de seguimiento de recomendaciones a través de los mecanismos especializados para Bolivia, Chile y Colombia. También, avanzó en el acuerdo para la implementación del Grupo de Expertos Independiente (GIEI) en Honduras y el Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Interamericano) siguió consolidándose como una herramienta clave que cuenta con más de 7.746 recomendaciones clasificadas y sistematizadas.
El Capítulo II detalla el trabajo de la CIDH en su sistema de peticiones y casos. En total, se recibieron 2.883 peticiones, se evaluaron el 80.54% de ellas y se dieron apertura a trámite a 323, total que representa el 14%. Igualmente pasaron a etapa de fondo 200 peticiones que cumplían con la Resolución 1/16 sobre medidas para reducir el atraso procesal. Asimismo, se inició la implementación progresiva de la Resolución 4/23, sobre la Política de Priorización de Peticiones y Casos. Estas acciones fortalecen la protección de los derechos humanos en la región y favorecen el acceso a una justicia interamericana más oportuna.
En el marco del mecanismo de soluciones amistosas, se suscribieron 19 nuevos acuerdos, se publicaron 13 informes de solución amistosa, y se verificaron avances en la implementación de 143 medidas de reparación de violaciones de derechos humanos. La CIDH alcanzó la cifra histórica de 121 informes de fondo, en los que conoció de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales y avanzó en el desarrollo del orden público interamericano en temas como el acceso a cargos e independencia judicial; protección a niñez en guarderías y escuelas; titulación de propiedad colectiva indígena y derechos de las mujeres embarazadas, privadas de la libertad.
Asimismo, se enviaron 26 casos a la Corte IDH y el equipo de la CIDH participó en 11 audiencias públicas de casos contenciosos, 17 con supervisión de cumplimiento de sentencia y 2 de opinión consultiva. Por su parte, se decidió no enviar a la Corte IDH 13 casos reconociendo los avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.
En los casos de informes de fondo publicados, que son un total de 147, se dio seguimiento a 81, determinando niveles de cumplimiento total en 1 caso, parcial en 49 casos, pendiente en otros 30; y un caso en proceso de determinar el nivel de cumplimiento.
En 2024 la CIDH logró la protección de más de 7.430 personas y grupos o colectivos mediante su mecanismo de medidas cautelares; otorgando o ampliando 77 medidas cautelares. Analizó el 94.83 % de las 1.412 solicitudes recibidas, 279 más que en 2023. Este aumento se debe al agravamiento de la persecución en Venezuela, la continua crisis en Nicaragua y Cuba, los contextos electorales y las debilidades de los mecanismos nacionales de protección ante situaciones de alto riesgo.
El mecanismo de medidas cautelares también dio seguimiento a más de 600 cautelares vigentes en más de 150 reuniones y audiencias, 38 resoluciones y 5 visitas a terreno para acompañar la situación de riesgo de las personas beneficiarias. se presentó 1 solicitud de medidas provisionales y 2 de ampliación a la Corte IDH.
El Capítulo III da cuenta de las actividades de las relatorías temáticas y de país, así como de monitoreo con dos visitas in loco: a Colombia, donde la CIDH observó el impacto de la violencia en los derechos humanos; y a Guatemala para observar los desafíos estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en Guatemala. Se destacan también la publicación de 3 informes de país sobre los resultados de las visitas in loco realizadas en 2023 a Bolivia y Honduras, y sobre el estado de excepción en El Salvador. Además, se publicó el compendio sobre reparaciones de género y un estudio sobre libertad religiosa.
En este capítulo se destaca además realización de 12 visitas de trabajo, promoción y cooperación, entre ellas las desarrolladas en Barbados y a Belice, y que están alineadas con la Estrategia Quinquenal para el Caribe. Igualmente, se realizaron 279 actividades de promoción y formación, capacitando a 4.152 personas.
El Capítulo IV describe las tendencias en la región y presenta un panorama de la situación de los Estados miembros de la OEA donde se observa el debilitamiento de la separación de poderes y su impacto en la institucionalidad democrática, junto con un incremento de la polarización en las sociedades; los retos para enfrentar la criminalidad organizada; la militarización; la utilización más frecuente de la suspensión de garantías de derechos; un ambiente cada vez más hostil para la libertad de expresión y el trabajo de las personas defensoras; restricciones al derecho de protesta, uso desproporcionado de la fuerza y su relación con el cierre de espacios cívicos.
El capítulo contiene también la situación de inseguridad de personas operadoras de justicia; la afectación a las políticas de memoria, verdad, justicia; la intensificación de las vulneraciones a personas y grupos que padecen discriminación histórica y sistemática; el deterioro en las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad; y el uso de discursos y políticas que afectan los derechos de las personas en movilidad. Al tiempo que se destacan los principales avances en derechos humanos de los Estados, a manera de buenas políticas.
Conforme a los criterios establecidos en el Art. 59.6 del Reglamento, el Capítulo IV.B incluye informes especiales sobre Cuba, Nicaragua, y Venezuela, donde se registran vulneraciones significativas a los derechos humanos y a los principios de la democracia representativa establecidos en la Carta Democrática.
El Capítulo V da seguimiento a la implementación de 251 recomendaciones que la CIDH formuló en los informes sobre la situación de derechos humanos de Brasil, El Salvador, México y Perú. En él se analiza la información proporcionada por los Estados, y organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones. Dicho análisis evalúa la relevancia y eficacia de las medidas reportadas, determina el nivel de cumplimiento y permite además elaborar una indicación general sobre las acciones pendientes para avanzar en ello. En 2024 se registraron avances en el cumplimiento de 170 recomendaciones, y 27 fueron dadas por cumplidas totalmente.
En el Capítulo VI, la CIDH ahonda en su estructura, recursos, administración y avances tecnológicos, rindiendo cuenta de la ejecución de los fondos que recibe para el cumplimiento de su mandato. Destaca la implementación del segundo año del Programa Colabora para el fortalecimiento de la cultura organizacional y la innovación tecnológica para la modernización del acceso a la justicia interamericana de 3 sistemas fundamentales: GAIA, E-Vote y SIMORE Interamericano.
Todos los informes de la CIDH, y de las Relatorías Especiales, para Libertad de Expresión (RELE) y para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), se encuentran en los Anexos.
La CIDH dedica su trabajo a la memoria de las víctimas y reconoce el rol protagónico de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, a quienes les agradece su trabajo. Asimismo, reconoce y agradece la participación e información suministrada por los Estados miembros de la OEA en el marco de sus diferentes mecanismos, y a los países observadores por todo el apoyo. Expresa también su gratitud al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, de la RELE y de la REDESCA, cuyas contribuciones son clave para llevar a cabo el mandato del órgano de manera efectiva.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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