Democratizar al Poder Judicial no debe afectar independencia de juzgadores y tampoco justifica despidos masivos: Comisionados CIDH

Por Juan Omar Fierro

En una audiencia pública, comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron al gobierno de México por la aprobación de una reforma judicial que contempla despidos colectivos de juzgadores y juzgadoras mexicanas, destacando que cualquier despido masivo es contrario a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

La comisionada Andrea Pochak recordó que muchas de las reformas constitucionales aprobadas en México durante los últimos 20 años han tomado como base el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Pochak también advirtió que las denuncias presentadas contra el Estado mexicano en la CIDH por falta de acceso a la justicia, no sólo señalan al Poder Judicial Federal, sino también a las Fiscalías y a los cuerpos policiacos, entidades que no se modificaron.

La también Relatora de Movilidad Humana de la OEA advirtió que la democratización de un Poder Judicial no debe ir en contra del principio de independencia judicial; además de solicitar a la representación mexicana el diagnóstico del que presuntamente se partió para aprobar la reforma judicial.

Por su parte, el comisionado Carlos Bernal Pulido calificó la reforma judicial mexicana como un “ejemplo de manual” de “abuso del constitucionalismo”, un método del autoritarismo actual para desmontar los contrapesos institucionales y los controles al Poder Ejecutivo aprovechando la fuerza lograda en las urnas.

También cuestionó que se haya puesto fin a la carrera judicial de miles de jueces y magistrados sin otorgarles derecho de audiencia, violando sus derechos adquiridos y el debido proceso, destacando que cualquier reforma constitucional que se aprueba debería ser sometida a un intenso control constitucional por parte de las Cortes Supremas.

En respuesta, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió la reforma judicial y rechazó que se haya aprobado de forma arbitraria o que carezca de legitimidad, por lo que hizo un recuento de los pasos que se dieron para la creación de la iniciativa de ley y para su aprobación exprés en el Congreso de la Unión y los 32 congresos estatales.

El representante de la Consejería Jurídica de la Presidencia, José Antonio Montero, afirmó que la reforma judicial en México ya se encuentra en vigor, por lo que ya no cabe un control constitucional sobre la misma, además de negar que se ponga en riesgo la independencia judicial.

Montero Solano agregó que la reforma judicial contó con respaldo popular “apabullante” por medio de las urnas, al tiempo que acusó a los jueces y magistrados de liberar a delincuentes y de validar despojos en contra de pueblos originarios.

En respuesta, el colectivo “La Justicia que Queremos”, en voz de la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta, advirtió que la reforma judicial politiza la justicia, pone en riesgo su imparcialidad y la somete a intereses políticos, electorales y posiblemente criminales.

Agregó que contrario al discurso oficial, tampoco se garantiza que se ponga fin al nepotismo y se deslegitima a todo el sistema de justicia, ya que no se corrigen los vicios de Fiscalías y policías.

En tanto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, advirtió que la reforma judicial en México se hizo sin un diagnóstico y sin metodologías de ningún tipo, por lo que retó al Estado mexicano a que muestre estos diagnósticos en caso de tenerlos. Además, denunció que si se afectan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, los cuales ya no podrán aspirar a convertirse en jueces y magistrados de carrera.