<p>Una reforma legal en el mundo de la cultura regulará, por primera vez y por real decreto,<strong> el trabajo de los menores en redes sociales</strong> de forma que se prohibirá el empleo infantil de manera autónoma a través de un familiar. Tendrá que haber siempre una empresa por cuenta ajena que se responsabilice.</p>
Un real decreto limitará el número de horas trabajadas por los niños y garantizará que estas no interfieran en su educación
Una reforma legal en el mundo de la cultura regulará, por primera vez y por real decreto, el trabajo de los menores en redes sociales de forma que se prohibirá el empleo infantil de manera autónoma a través de un familiar. Tendrá que haber siempre una empresa por cuenta ajena que se responsabilice.
«Se acabó el uso de menores como si fueran trabajadores adultos», ha dicho este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto para presentar esta regulación: «Vemos que hay niños que trabajan desde sus habitaciones, y lo hacen en Instagram y en la publicidad, graban vídeos y hacen directos. Son menores que participan en la industria cultural sin tener los derechos que tienen el resto de los trabajadores».
Además, la regulación del trabajo de los menores en el ámbito cultural garantizará que solo puedan trabajar un límite de horas y en periodos de inactividad escolar, vacaciones y fines de semana.
Díaz ha explicado que la propuesta por la que se regula la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales irá ahora a consulta pública, tras seis meses de trabajo con el sector cultural, y tendrá rango de real decreto por lo que no pasará por el Congreso de los Diputados.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también presente en el acto, ha subrayado que los avances que recoge la nueva norma se integran en el Estatuto del Artista y actualizan el real decreto de 1985, que no se había modificado en 40 años. Urtasun ha dejado claro que el objetivo del Ministerio es que «la cultura deje de estar asociada a la precariedad laboral».
Sobre el hecho de que sea la primera vez en 40 años que se actualiza la norma, Díaz ha recordado que en 1985 «no había redes sociales, ni IA ni nada de lo que hay hoy, por lo que este paso es clave para mejorar las condiciones de trabajo del mundo de la cultura».
«Y esa vieja España, que acogía el mundo de la cultura en 1985, pasa página», ha precisado.
Otro de los aspectos de esta regulación destacados por la ministra de Trabajo se refiere a la regulación de la inteligencia artificial (IA): «No se permitirá que la cultura se reduzca a algoritmos, detrás de cada imagen, de cada frase y de cada nota existe una persona, que tiene derechos».
«Hasta ahora la IA ha sido una especie de ave de rapiña, una ley de la selva en un mundo sin normas. Muchos han aprovechado la IA para hacer negocio. Se ha convertido el talento en un archivo, en un dato, en algo que se podía cortar y pegar, todo esto sin autorizaciones, Y esto se va a acabar» ha afirmado Díaz.
«A partir de ahora no se podrá usar sin consentimiento del creador su voz, su imagen, su música o su interpretación y, si se utiliza, [el creador] tendrá que ser compensado económicamente». Díaz ha insistido en que habrá límites y garantías: «Protegemos los derechos, pero permitimos que el desarrollo tecnológico siga avanzando».
«La cultura es mucho más que inteligencia artificial, claro que queremos digitalización, pero la IA no puede suplantar a las personas«, ha reiterado.
El otro de los aspectos novedosos es la incorporación de la figura de «coordinación de intimidad». Durante muchos años, ha explicado Díaz, muchas actrices han tenido que grabar escenas sexuales sin que nadie garantizara su consentimiento y, a veces, en condiciones muy complicadas, «en rodajes con presión, desnudos y contacto físico».
Por ello, el real decreto incorpora la figura de la coordinación en la intimidad, una persona que estará presente en la preparación y el rodaje de cualquier escena íntima y que protegerá el consentimiento. Díaz ha incidido en que esta figura será obligatoria por ley.
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