<p class=»ue-c-article__paragraph»>La causa ante el Tribunal Internacional de Arbitraje PCA No. 2023-37 Sea Search-Armada, LLC (Estados Unidos) contra la República de Colombia que se ve en Londres puede <strong>decidir el futuro legal del patrimonio cultural subacuático de los galeones de la Carrera de Indias</strong>, es decir, de los pecios de miles de buques españoles que naufragaron en tempestades y asaltos en aguas americanas entre 1506 y 1778. Estos días, la Corte Permanente de Arbitraje estudia una solicitud de seis naciones indígenas del área de Potosí (Bolivia) vinculadas a la Carrera de las Indias a través de la plata que extrajeron y transformaron sus ancestros en condiciones de trabajos forzados y que desplazaron a España los barcos de la Carrera.</p>
El juicio de Colombia y los cazatesoros decide la inmunidad soberana de España sobre la Carrera de Indias, ante la pasividad del Gobierno y las protestas de las naciones indígenas de Bolivia
La causa ante el Tribunal Internacional de Arbitraje PCA No. 2023-37 Sea Search-Armada, LLC (Estados Unidos) contra la República de Colombia que se ve en Londres puede decidir el futuro legal del patrimonio cultural subacuático de los galeones de la Carrera de Indias, es decir, de los pecios de miles de buques españoles que naufragaron en tempestades y asaltos en aguas americanas entre 1506 y 1778. Estos días, la Corte Permanente de Arbitraje estudia una solicitud de seis naciones indígenas del área de Potosí (Bolivia) vinculadas a la Carrera de las Indias a través de la plata que extrajeron y transformaron sus ancestros en condiciones de trabajos forzados y que desplazaron a España los barcos de la Carrera.
Pacajes, Charkas, Lípez, Killakas, Carangas y Chichas, seis comunidades indígenas reconocidas como naciones en la Constitución de Bolivia y con personalidad jurídica internacional, reclaman comparecer como amicus curiae (una figura procesal que permite a un tercero que no es parte en un procedimiento dar su opinión fundada) en el caso de Sea Search Armada y Colombia ante la Corte Permanente de Apelación. Su deseo es «oponer el derecho internacional de la cultura a la industria internacional cazatesoros que es legal en Colombia» y a la complicidad política de sus socios en Europa y América, incluida España, a cuyo Gobierno reprochan su pasividad. Su prioridad es que las empresas cazatesoros, amparadas por los estados, no accedan a los metales que extrajeron sus antepasados.
Algo de contexto: el litigio de Sea Search-Armada, LLC y Colombia se remonta a su acuerdo para repartirse los restos del San José, un buque de Estado español, un galeón de guerra hundido en 1708, en un ataque de barcos de bandera inglesa en aguas contiguas al litoral colombiano, cuando transportaba un enorme conjunto de tesoros materiales y artísticos. Su naufragio fue un acto de guerra bien documentado. El San José partió de Cartagena de Indias junto a su gemelo el San Joaquín y otros navíos de la flota española pero acabó en el fondo del mar en un lugar desconocido pero cercano al litoral. En 1982, Sea Search-Armada (entonces llamada Glocca Morra) anunció que había encontrado sus restos y alcanzó un acuerdo de colaboración con la República de Colombia para repartirse el tesoro a partes iguales. Colombia adaptó su legislación a la medida de esa sociedad público-privada y colaboró con los cazatesoros 33 años hasta que rompió con Sea Search-Armada. Desde 2015, Colombia pretende explorar el pecio en solitario o con otras compañías. Desde 2020 asegura que no lo explotará con fines económicos.
Ahora, Sea Search-Armada reclama el 50% de las riquezas del barco (10.000 millones de dólares) porque así lo acordó con funcionarios del país. Colombia, que ha cambiado de política para asociarse o romper con Sea Serch-Armada varias veces, hasta llegar a la decisión de 2020 de declarar el pecio del San José como patrimonio nacional inembargable, sostiene que fueron otros cazatesoros junto a su Armada los que localizaron el galeón y que no debe nada a los demandantes. Lo importante es que su protección sobre el San José es excepcional. Los demás pecios en aguas colombianas pueden ser objetos de explotación comercial.
¿Y las naciones originarias? Su postura es de alerta y protesta ante el Gobierno de Colombia, pese a que esté ahora enfrentado a Sea Search-Armada. «Colombia adjudicó el galeón San José varias veces a distintas empresas cazatesoros. Además aprobó una ley [Ley 1675 de 2013] que está en vigor y que incentiva la asociación del Estado con las empresas cazatesoros», explican a EL MUNDO representantes de las naciones originarias bolivianas.
Las naciones también denuncian que el Gobierno de España actúa con pasividad en el caso del San José y demás yacimientos de galeones en Colombia y que acepta lo que consideran una propuesta trampa de Bogotá. España renuncia a su inmunidad soberana sobre su buque de guerra, reconocida en las normas internacionales, a cambio de que Colombia establezca una excepción con el San José. «¿Qué pasa con los demás yacimientos? Si España acepta los términos colombianos sobre el San José acepta necesariamente su ley cazatesoros para todos los demás galeones que descansan en aguas colombianas. El antecedente sería demoledor para el patrimonio de los galeones hispanos hundidos por todo el mundo. No habrá más inmunidad soberana».
José María Lancho, el abogado español que representa a las seis naciones originarias ha compartido con ELMUNDO una relación de buques hundidos de la Carrera de Indias registrados por los historiadores de varios países del ámbito caribeño y atlántico. La ruta que conectaba los principales puertos virreinales con Cádiz y Sevilla, recuerda Lancho, recaía en un sistema público de grandes flotas que incluían buques de guerra y en el que cada barco realizaba funciones de naturaleza pública y estatal. Su carácter militar es importante ya que permite al Reino de España proteger todos los yacimientos arqueológicos solicitando la inmunidad frente a empresas y Estados sobre los pecios.
Si Colombia toma posesión de los restos del San José tendrá a su favor el peso de los hechos consumados y sus vecinos podrán hacer lo mismo: hay estimaciones que señalan que hasta 3.000 buques españoles están hundidos en las aguas de Cuba, México, República Dominicana, Jamaica, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos, Bahamas… Todos los países de la región también esperan el desenlace del caso del San José.
«Es poco comprensible el comportamiento del Reino de España, que debería haber adoptado mucho antes una estrategia jurídica y diplomática más activa y coherente que incluyese la solicitud de medidas provisionales ante foros internacionales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar», dice Lancho. «Se está sacrificando una política de Estado a largo plazo por afinidades de partido con el presidente Petro». Lancho denuncia el «acallamiento de las opiniones discrepantes de las naciones indígenas, muy preocupadas por la vía en que nuestro país está desmontando las opciones de defensa del patrimonio común, al debilitar la inmunidad soberana de sus buques de guerra históricos hundidos. Hay más actividad en invisibilizar y evitar a las naciones indígenas, que en parar las aventuras unilaterales de un país que tiene una Ley en vigor en favor del cazatesorismo».
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