Urtasun se atasca con los grandes proyectos de Cultura: ni Ley del Cine, ni Oficina de derechos de autor, ni reforma del Inaem

<p>El primer año de Ernest Urtasun como ministro de Cultura se cerró, el pasado mes de diciembre, con<a href=»https://www.elmundo.es/cultura/2024/12/12/675abbe6e4d4d8c95b8b45bb.html»> las primeras devoluciones de obras incautadas</a> por el franquismo, con <a href=»https://www.elmundo.es/cultura/2024/12/11/67596637e85ecef61f8b45b8.html»>la presentación de un plan de igualdad</a> -aún a medias- y con una nueva arremetida contra el sector de la tauromaquia al quedar excluida de las <a href=»https://www.elmundo.es/cultura/cine/2024/12/23/67694fbee9cf4aa03b8b4596.html»>medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes</a>. Tres de las batallas culturales cuyas banderas ha asumido el dirigente de Sumar desde su llegada al puesto. Sin embargo, en los cajones del departamento aún se mantienen algunas de leyes fundamentales heredadas de su predecesor. Y la fragilidad parlamentaria del Gobierno no facilita su aprobación para este 2025.</p>

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 La debilidad parlamentaria del Gobierno dificulta la puesta en marcha de leyes calificadas de fundamentales por el propio ministro  

El primer año de Ernest Urtasun como ministro de Cultura se cerró, el pasado mes de diciembre, con las primeras devoluciones de obras incautadas por el franquismo, con la presentación de un plan de igualdad -aún a medias- y con una nueva arremetida contra el sector de la tauromaquia al quedar excluida de las medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Tres de las batallas culturales cuyas banderas ha asumido el dirigente de Sumar desde su llegada al puesto. Sin embargo, en los cajones del departamento aún se mantienen algunas de leyes fundamentales heredadas de su predecesor. Y la fragilidad parlamentaria del Gobierno no facilita su aprobación para este 2025.

La Ley del Cine es un buen ejemplo. El ministro de Cultura ya pidió «la colaboración» de los grupos políticos en sus comparecencias de balance de año en el Congreso y el Senado. Incluso calificó de «fundamental para el futuro del audiovisual y del cine español» su tramitación. Pero las declaraciones no se corresponden, por el momento, con los hechos. El plazo de enmiendas a la totalidad se ha ampliado hasta el 4 de febrero -se abrió el 10 de septiembre- y las negociaciones con el PP son «inexistentes», según fuentes populares. Fuentes parlamentarias también apuntan que la opción de Junts per Catalunya no está ni mucho menos atada desde el Gobierno. Y ambas cuestiones abocan al bloqueo de un texto, aún no cerrado ni siquiera con el sector cinematográfico, cuya tramitación decayó con el adelanto electoral de 2023. De hecho, aún está vigente la ley de 2007, donde no se recoge ni la regulación de las plataformas de streaming.

Tampoco la Oficina de derechos de autor tiene un plazo fijado para su puesta en marcha pese a ser tramitada por la vía de urgencia. El ministro aseguró en noviembre que habría «un nuevo consenso» en «las próximas semanas». Casi dos meses después, con el plazo de enmiendas ya cerrado, no se ha convocado la ponencia en la Cámara Baja. Además, en las enmiendas los socios del Gobierno han incluido asuntos que nada tienen que ver con la creación del organismo -beneficios fiscales a eventos culturales o cuestiones laborales del Estatuto del Artista-. Un punto que aleja, por ejemplo, al PP. «No aceptamos enmiendas encubiertas», señalan en Génova.

Pero los enfrentamientos no se le acumulan solo en el ámbito parlamentario a Urtasun. El real decreto para la regulación de la Inteligencia Artificial también ha abierto una brecha en el sector cultural. El Ministerio plantea, siguiendo el camino allanado por la Unión Europea, la imposición de las licencias colectivas ampliadas. Un elemento que, en resumen, permite a las entidades que gestionan los derechos de autor autorizar a las plataformas a entrenar sus sistemas con obras que gestionan y también con las que no si no existe una oposición expresa. Esta propuesta ha encontrado el respaldo de esas entidades gestoras… y las dudas en el tejido asociativo. De hecho, seis organizaciones culturales de pequeño tamaño acusaban al Ministerio de «proteger» más a las empresas y administraciones que a los derechos de los artistas.

Sin noticias se mantiene también la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem). A punto está de cumplirse un año de la llegada de Paz Santa Cecilia a la dirección del organismo público con el cometido de acometer dicha reforma. Desde su equipo se apunta que se está trabajando en la misma. Y desde Cultura se asume que ese cambio será a largo plazo por la complejidad que requiere, que no se puede desarrollar en un año. De hecho, este ha sido uno de los asuntos recurrentes para el Ministerio de Cultura de los distintos gobiernos de la nación. Ya en la etapa de Zapatero se planteó que se convirtiera en una agencia estatal. Y con José Guirao al frente, en 2018, se estableció un grupo de trabajo con expertos y se puso en firme una propuesta para la reforma de este órgano. Pero el Inaem se mantiene igual que se creó en el año 1985. Cuatro décadas de una estructura que aún no tiene solución para el Gobierno.

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